Los ginecólogos ven con preocupación el aumento de reclamaciones judiciales

«Los partos son la parte más bonita de la especialidad pero también la que mayor riesgo puede conllevar para el ginecólogo» por el aumento de las reclamaciones millonarias que, en los últimos años, amenazan a los profesionales por parte de sus pacientes. Arantza Lekuona, jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital Donostia, reconoce que éste es un «temor generalizado» entre la profesión y especialmente entre los ginecólogos que asisten los alumbramientos, que son los que acumulan más quejas y denuncias respecto a sus compañeros de especialidad.

El juicio celebrado contra un colega de Bilbao, al que reclaman 3 millones de euros de indemnización, ha elevado el tono de la alarma del colectivo. Aunque la sentencia en primera instancia ha sido absolutoria, el caso sigue abierto. La familia demandante ha anunciado su decisión de apelar el fallo ante la Audiencia Provincial de Bizkaia por su convencimiento de que una mala práctica del facultativo provocó la parálisis cerebral de su hijo. Considera que, ante la asfixia del feto, el ginecólogo tomó una decisión equivocada al recurrir a una ventosa para sacar al bebé por vía vaginal, en vez de haber realizado una cesárea.

El colectivo asiste con preocupación al aumento de la litigiosidad hacia la práctica médica. Las complicaciones en el parto y retrasos en los diagnósticos suponen los motivos con más reclamaciones en los juzgados, siendo Ginecología y Cirugía Estética las que concentran la mayoría de las demandas, según se especificó en el primer congreso de Responsabilidad Médica celebrado el pasado mes de mayo en Santiago de Compostela. Lekuona, al cargo de un servicio con 51 ginecólogos, cree que la clave para entender este fenómeno está en la percepción del paciente sobre los riesgos que, aunque mínimos, existen en el momento del parto: «Cuando un paciente ingresa en la UVI, asume el riesgo porque ha entrado en una situación grave. Si sale de la UVI es un gran éxito, y si hay un hecho desfavorable, se asume en cierta forma porque eran pacientes graves. En partos, sin embargo, el paciente no asume de ninguna manera que haya un evento desfavorable y se busca a un culpable y no siempre lo hay».

La presión y el miedo a las complicaciones en el parto se ha traducido en muchos hospitales -especialmente entre los privados- en un aumento de las cesáreas no justificadas. En los últimos años, cerca de un 40% de los alumbramientos en la red privada y el 25% en los hospitales públicos españoles tienen lugar por cesárea. En Euskadi, subraya Lekuona, la cifra es mucho más baja, alrededor de un 15%, de acuerdo a las indicaciones de la OMS. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2009, muestran un descenso de ocho puntos en la práctica de estas intervenciones en la red pública española. «No hay que olvidar -apunta Lekuona- que las cesáreas tampoco están exentas de riesgo».

Para su homólogo en el Hospital de Cruces, Txanton Martínez-Astorquiza, el miedo a una posible demanda ha derivado en la negativa de especialistas a asistir partos, especialmente en la red privada. «Asistir un parto es lo más emocionante y gratificante para cualquier ginecólogo, pero pocos especialistas quieren ya atenderlos», sostiene. Como presidente de la sección de Medicina Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), el facultativo de Cruces está al tanto de las nuevas corrientes en su profesión. «Los médicos jóvenes y los que ahora están haciendo la especialización no quieren atender partos», explica. En el Hospital Donostia, sin embargo, no han percibido ese rechazo e indican que la mayoría de los residentes se quedan en el centro de referencia una vez terminan el MIR.

En décimas de segundo

Los datos corroboran que el miedo que atenaza a la profesión no está injustificado. Según un estudio de 2007 de la SEGO, uno de cada tres ginecólogos ha tenido que afrontar al menos una reclamación por parte de alguno de sus pacientes entre 1995 y 2004, el periodo analizado. El trabajo destacaba que la tendencia a pedir indemnizaciones fue en aumento, de los 18,5 millones de euros en 1995 a los 40,5 millones en 2002. En el sistema público es la Administración la que asume las indemnizaciones cuando el pleito va solo por la vía civil; pero la responsabilidad penal, en caso de solicitarla, es siempre del facultativo.

¿Cuál es la solución?

El asunto está siendo ya debatido en los congresos médicos. Uno de los consejos jurídicos es «documentar adecuadamente todas las actuaciones médicas en la historia clínica, con especial atención al consentimiento informado en todas las intervenciones o pruebas que lo requieran». Además, les recomendaron «seguir los protocolos y procedimientos de las sociedades científicas y tener una cobertura de responsabilidad civil adecuada».
A Txanton Martínez-Astorquiza estas advertencias le parecen bien a nivel teórico, pero luego está la práctica real del día a día. «Por muy natural que sea, el parto no deja de ser el viaje más peligroso; y cuanto mayor es la mujer, más peligro. Y surgen problemas imprevistos que el médico tiene que resolver en décimas de segundo como mejor sabe por muchos protocolos que haya. Claro que hay que velar por los intereses del recién nacido, pero lo que no puede ser -se queja- es que se impongan penas desproporcionadas a alguien que hace su trabajo con el máximo interés».
Arantza Lekuona añade un problema más: «Por un lado se tiende cada vez más al parto natural, a intentar reducir la intervención del ginecólogo; pero por otro, no se asumen los riesgos que pueden existir. Y sin embargo ha crecido el número de embarazos de riesgo, con mujeres más mayores, un aumento de embarazos múltiples por reproducción asistida, pacientes a las que antes se les desaconsejaba el embarazo con diabetes, cardiopatías, insuficiencia renal... Son situaciones contradictorias».

NOTICIA DEL DIARIO VASCO>>
19.09.11 - 02:15 - 
A. ALDAZ/M. J. CARRERO | SAN SEBASTIÁN.